Por una Ley de ONGs

Del mismo modo que existe una Ley de Partidos, debería existir una Ley de Organizaciones No Gubernamentales. La primera paradoja que se produce con las ONGs es que, llamándose “no gubernamentales”, suelen financiarse en muchos casos con subvenciones públicas, dinero a fin de cuentas salido de los gobiernos, y por ende de los impuestos de los ciudadanos. Otra situación dramática es la utilidad de estas organizaciones. Mientras unas realizan unas tareas loables, otras simplemente existen como negocio, a las que sus dirigentes han convertido en feudos que les permiten vivir de ellas. A parte, los casos de corrupción, estafa y fraude fiscal destapados los dos últimos años, que han afectado a ONGs de acogida de inmigrantes y de apadrinamientos internacionales.

Pero lo más condenable de todo es la existencia y sobresubvención de supuestas ONGs que no representan a nadie más que a un reducidísimo grupo de apenas dos centenares de personas, y que mantienen un discurso parcial, no objetivo y partidista. Este es el caso de Movimiento Contra la Intolerancia y de SOS Racismo en todas sus marcas nacionales. Estos grupos de presión con apariencia de ONG dicen defender unos valores que son universales: la tolerancia y la convivencia multiracial. Sin embargo, observando su actuación pronto se llega a la conclusión que sus denuncias son manipuladoras, tendenciosas y malintencionadas. Si bien un acto de racismo puede ser cometido por cualquier persona de cualquier raza contra otra, estos grupúsculos sólo denuncian los casos de intolerancia en los que las víctimas son inmigrantes. Jamás denuncian los crímenes racistas cometidos por inmigrantes contra españoles. Para encontrar ejemplos de ello, el lector puede consultar las notas de prensa número 33 y 34 del Observatorio de la Delincuencia Inmigrante, donde encontrará casos concretos de la doble moral de estos grupos de presión pro-inmigracionistas a la hora de denunciar los atropellos a los valores que ellos dicen defender.

Organizaciones de este tipo, además, están ultrasubvencionadas sin tener la menor representatividad social. Sin duda, los 250 socios que pueden tener cada una de estas supuestas ONGs no justifica que se nutran en más del 50% de su presupuesto con dinero público. Sin ir más lejos, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales subvenciona el Informe Raxen de Movimiento Contra la Intolerancia. Esa serie de informes muchas veces faltan a la verdad, exageran sus conclusiones o los casos particulares que exponen, y jamás incluyen crímenes de odio o racistas cometidos por inmigrantes contra españoles. Son, pues, parciales y manipulados. Por lo tanto, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se está desprestigiando a sí mismo subvencionando semejantes pamfletos de propaganda lastimera.

Por todo esto, es urgente la creación de una Ley de ONGs, que defina exactamente qué es una ONG, qué puede hacer y qué no, cual es su estatuto, cuándo se considera de utilidad pública y cuando un estorbo. Porque lo que no puede ser es que haya personas que con el negocio de la lástima, la caridad, la compasión y la manipulación descarada sigan viviendo sin trabajar.

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