Las subvenciones a Movimiento Contra la Intolerancia suman más de tres millones de euros

Un exhaustivo análisis del Boletín Oficial del Estado, así como de los Boletines Oficiales de varias Comunidades Autónomas, Provincias y Ayuntamientos, han ofrecido un dato revelador y escandaloso: Movimiento Contra la Intolerancia ha percibido desde 1995 subvenciones por un importe total de 3.042.601,83 €. El equivalente en pesetas de esto es 506.246.348 Pts. Y esta cifra es provisional, porque no hemos acabado de revisar todas las publicaciones oficiales susceptibles de contener más información de este tipo.

Los interesados en consultar el desglose de este importe pueden descargarse este documento PDF, donde se citan detalladamente las fuentes de información oficial y pública. Cuando el escrutinio esté concluso, actualizaremos debidamente la lista de subvenciones percibidas por Movimiento.

Por lo visto, Movimiento Contra la Intolerancia (antes de 1994 denominada Jóvenes contra la Intolerancia) ha profesionalizado el subvencionismo. No han dejado pasar ni una. Destacan los 220.000 euros concedidos por el Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales el cuarto trimestre de 2007, la más alta recibida hasta la fecha, o por lo menos que nos conste a nosotros.

La pregunta inevitable es por qué se ultrasubvenciona a una asociación sin apenas asociados y de nula representatividad social. Detrás de Movimiento Contra la Intolerancia no hay nada, nada en absoluto más que el dinero de los contribuyentes. Su presencia se limita a las apariciones públicas en televisión y prensa de su presidente, Esteban Ibarra Blanco. Movimiento tiene no sólo la obligación moral, sino también la legal, de explicar qué ha hecho con semejantes sumas astronómicas de dinero. Y la administración pública debe plantearse muy en serio qué diablos está haciendo con el dinero de los contribuyentes.

Encima, no contentos con esto, hasta su teléfono de denuncias o de ayuda a la víctima es un 902, es decir, una línea retribuída con la que ganan dinero en cada llamada que reciben. Está claro que Movimiento contra la Intolerancia no funciona como una ONG, sino como una Sociedad Anónima, cuyo principal accionista es el Estado, a través de las multimillonarias subvenciones que le otorga.

Que las difamaciones y las injurias que se vierten a través del Informe Raxen encima nos cuesten a los contribuyentes más de tres millones de euros es insultante, vomitivo e intolerable. La labor que desempeña Movimiento es meramente inquisitorial, pretendiendo actuar como policía de pensamiento. Se limitan a ocupar tiempo en las emisiones televisivas o espacio en los periódicos cada vez que tienen ocasión. Pero detrás de todo esto, ¿qué hay? ¿Qué labor desarrollan que justifique la percepción de más de 3 millones de euros por parte de las administraciones públicas?

Debemos exigir a las autoridades que nos expliquen qué pasa aquí. A fin de cuentas, el dinero que le están dando a Movimiento contra la Intolerancia es nuestro, de todos los contribuyentes. Por lo menos que nos expliquen a cambio de qué se lo dan, o qué es lo que hacen que cuesta tan caro.

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